Nueva Ley del Profesorado:
cuestiones previas
José Ramos Bosmediano, ex
Secretario General del SUTEP (Perú)
Un nueva Ley para los profesores del Perú se empieza a
discutir a propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la
denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado por el
Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución. La nueva norma reemplazaría a la denominada
Ley del Profesorado (LP, 24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990;
también sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062) promulgada por el segundo gobierno
aprista el 2007.
La Ley de 1984 y su modificación
de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado
en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas
que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos
años: "la ley no se come"). Igual ocurre con los apristas, quienes
consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos,
como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el
fujimorismo con su impronta corrupta y
todo.
La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al
margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo
proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de
la educación y con una política de
desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las
relaciones laborales de los maestros con el gobierno central. No es casual que los 55 mil docentes
incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios,
sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas
con nulo valor pedagógico.
No se sabe aún los contenidos que
finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros
sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender
todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos
reivindicativos de los maestros. En tal
escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan
entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué
posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales
y trabajadores de la educación.
La cuestión del nombre de la Ley
Tengo la certeza de que los
autores del Proyecto han querido
distanciarse de las leyes que pretenden derogar y han elegido una denominación
que contiene los dos aspectos que comprende
ser maestro: el de agente principal de la educación, formador en las aulas
y responsable principal del proceso
enseñanza-aprendizaje; y el de sujeto de derechos como trabajador de la
enseñanza. Según estos criterios la
denominación (LDD) sería pertinente, pero observando que no se aleja de la
concepción neoliberal que contiene la LCPM.
Y no es que en las dos leyes en
cuestión falten los dos aspectos, pero en la
LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el
aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada
meritocracia en tanto "los mejores maestros" llegarían a los últimos
niveles del escalafón, consecuentemente a percibir salarios
"envidiables" para "los peores
maestros", con la consecuencia inevitable de que la mayoría de niños y adolescentes estarían condenados a
tener maestros supuestamente ineficientes. En el fondo de este enfoque de la
carrera docente está el objetivo de elitizarla para, (1) concentrar el gasto
salarial en un grupo pequeño, ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los
maestros para debilitar su organización sindical dando paso a un nuevo
sindicato de magísteres y doctores en educación, requisitos para acceder a los
niveles IV y V. Con esta visión, en el supuesto negado de que sea sincera,
nunca se podría mejorar, por lo menos, el destartalado sistema educativo
peruano, pues con un grupo mayoritario de maestros mal pagados y considerados
"comechados", burros" e "ineficientes", seguiríamos en
la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los gobernantes del
Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados del Poder
Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de empleados
privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de defender la
escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el destino de los
maestros de esa "escuela de los pobres", pues el ascenso social de sus vástagos está hoy en
la educación privada que les seguirá
asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley
que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de
la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a
superar una parte del problema de la educación peruana, que no es,
centralmente, el desempeño docente.
La cuestión del papel de los
maestros en la crisis de la educación
Es decir, de la Ley que establece
sus derechos y obligaciones. En los
tiempos que corren desde la imposición
de la reforma educativa neoliberal, hace ya 20 años, se ha vuelto un lugar
común para "expertos" e ignorantes en teoría educativa que el
culpable de la crisis de la educación en el Perú es el magisterio de la escuela
pública. Este discurso se viene
repitiendo y está en la base de toda la argumentación que propicia la
evaluación estandarizada de los maestros para "seleccionar a los
mejores". El Banco Mundial ha promovido esta visión en todos los países
latinoamericanos a partir de la desastrosa experiencia chilena que está
exhibiendo hoy el fracaso de la reforma neoliberal, donde los únicos que no han
fracasado son los dueños de la educación privada subvencionada por el Estado
chileno, con altas tasas de ganancias y resultados de mayores desigualdades
educativas, reforma que va atada al programa económico neoliberal de los
"Chicago Boys". Los reformadores
y evaluadores neoliberales pueden sorprender con su mediocre teoría a los que
desconocen los procesos de reforma que, bajo esos parámetros, se han producido
en Colombia, Honduras, México, la Nicaragua bajo el neoliberalismo de los 90
del siglo XX, Bolivia de Sánchez de Lozada, etc., experiencias analizadas, con
algún optimismo, por el profesor José Rivero en un libro singular escrito en
aquella dácada.
Lo que están defendiendo apristas
y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que
su trabajo sea eficiente ya que logrará
ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser "el mejor";
mientras tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y
dedicándose al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista,
cantinero, profesor en escuelas privadas
en uno de los turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de
la costa, vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las
profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les
demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día.
El papel del maestro en un
sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no
va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias
condiciones de existencia material y espiritual. Su preparación profesional, su vocación
forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su
mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la
sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y
espirituales. Para los neoliberales esta
visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela
pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada. Los apristas se han convertido en los más
entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio
redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del
ingeniero industrial José Antonio Chang,
donde regentan una "Escuela de Gobernabilidad" bajo la batuta del
señor Alan García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por
corrupción, con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su
"escuela" es un modelo de lo que no se debe hacer en educación ni en
gobernabilidad.
La cuestión del papel del
sindicato magisterial
La Resolución Relativa a los Maestros que la
UNESCO aprobó el 5 de octubre de 1966 establece que los estados
tienen la obligación de tener en cuenta las opiniones de los enseñantes o
maestros sobre políticas educativas. El
Perú es firmante de esa Resolución, que además establece la obligación de
reconocer los derechos laborales y profesionales de los docentes, incluyendo el
derecho a la sindicalización.
Si hay una organización que se ha
preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e
integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de
los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el
sindicato, el SUTEP, fundado en 1972. Su
crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa
consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de
dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente Fernando
Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de 1968-1980 el
SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos políticos que se
unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en el proceso de
evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y, como es el
caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras más
sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen
doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo
nombre en la futura Ley. La principal,
mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación
estandarizada, elitistas, de la profesión docente. La segunda, políticamente necesaria para
ellos, presionar y chantajear al gobernó para
propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a
la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado
fujimorista Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para
frenar la investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero
también por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer
gobierno.
El intento actual de promulgar
una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha del sindicato de maestros, el SUTEP. Sin su lucha contra ese engendro
antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en
esta etapa de nueva formulación. La
persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por
nadie; y los apristas y fujimoristas,
amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y
la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben
perfectamente. El propio Presidente
Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el
apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta
presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que
siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP,
seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos
magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la
dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como
"maestritos" que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a
ser mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los "ilustres"
legisladores logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y,
acaso también, hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será
una decisión que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia
educación, pues la plaga de la corrupción en los organismos intermedios del
Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para
mantenerse y acrecentarse. Me consta,
como ex dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden
en la fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de contratos, incluso en las direcciones de
escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en
Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo "castigarme" por
denunciar irregularidades en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que
aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al
sindicato. Pero su posición, además de
ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de
la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de fiscalizar los procesos administrativos, sin
necesidad de tener responsabilidad
alguna en ellos. Por el sistema de
corrupción imperante en el Perú, la
decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los
maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos
moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la
ignorancia, dicen pretender evitar que "el gato sea el
despensero", como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP
tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos
administrativos y las comisiones correspondientes. Que el Estado no considere esa posibilidad es
de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
La cuestión de los derechos
docentes
Según la lectura del primer
proyecto de la LDD hay un conjunto de derechos magisteriales recogidos de la
LP, aun cuando no se fija bien el derecho a la estabilidad laboral,
fundamental para los maestros y para todo trabajador, derecho
tan venido a menos en el Perú neoliberal que vivimos, en aras de la
"productividad" y la "competitividad", cuando no de la
"calidad del servicio".
Los docentes de la escuela
privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no está
lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema educativo
que prioriza la privatización de la enseñanza.
Este enfoque es congruente con el origen social, político y educativo de los coautores de la Ley, desde el Presidente de la República cuyas
hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios conductores del
Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son afines a las del
Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de la educación
privada. En un marco de concepciones
privatizadoras de la educación cualquier reforma que pueda disminuir el peso de lo privado es,
simplemente, imposible. Las buenas
intenciones y hasta las expresiones de "compromiso con los pobres"
carecen de importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones
necesarias para el ejercicio pleno de la función docente.
La cuestión del "qué
hacer" frente a la nueva Ley
El hecho mismo de una nueva Ley
Magisterial constituye una derrota política al proyecto aprista-fujimorista que
buscó dividir a los maestros ("excelentes" /
"mediocres") y al sindicato creando una "elite" mejor remunerada por igual trabajo, hecho contrario al
principio laboral universal de "igual remuneración por igual
trabajo", lo que solo puede variar con el tiempo se servicios y el acceso
en la escala de carrera profesional.
Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en
gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que,
con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la
política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda
desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las
"bondades" de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales. Es casi unánime el positivo criterio de la
unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no
solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata
parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en
términos económicos y de financiación.
La presencia de la
"meritocracia" como concepción fundamental es parte de la visón
neoliberal del gobierno actual y de los coautores del Proyecto, lo que con toda
seguridad será refrendada por los congresistas, pues gran parte de ellos son
los mismos que dieron su aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi
todos carecen de la capacidad cultural suficiente como para discutir el
problema de la educación nacional con criterios plausibles. La
concepción meritocrática pretende ser llevada a toda la administración
pública y será una fuente permanente de contradicciones entre los trabajadores
y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el
sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año
lectivo. Los contratos para cubrir
licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido;
pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a
mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza
aprendizaje en las escuelas.
El nuevo proyecto introduce el cuestionable
criterio de medir la eficiencia docente según el resultado de los aprendizajes con mediciones
que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora
quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que "deben
producirse" al margen de las condiciones de existencia de los estudiantes,
del estado físico de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las
posibilidades de los propios maestros.
En este procedimiento también está la teoría productivista traída a la
educación desde las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del
magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad
de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según el Proyecto de Ley entregado al Parlamento
por el sindicato, que recoge y actualiza
lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en
cuenta. De ser negada esta posibilidad,
el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha
reivindicativa. Por lo demás, la nueva Ley no reivindicará plenamente a los
maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que
mantiene. Considerarla un paso
importante no puede hacer ocultar sus limitaciones. Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir
exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un
presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la
educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la
futura Ley.
Solo un análisis integral del
Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación de las posibilidades
reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros para proseguir la lucha
por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la educación pública
gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para los maestros.
Ex ministros, ex funcionarios de
la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y "expertos"
que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su política
magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus críticas y hasta su aprobación al contenido
de la futura Ley. Nada hicieron por
cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en
soportes burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación
programática actual.
El erróneo mensaje que hoy
circula desde el gobierno, desde los "expertos" y desde los medios de
comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la
superación de la crisis de la educación peruana. Mensaje confunde reforma educativa con nuevas
condiciones de trabajo para los docentes.
Una Ley Docente, más justa que
sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en
crisis. Esa transformación dependerá de
una reforma educacional de fondo. Es la
batalla más grande que deben dar los maestros.
La unidad de los maestros, ahora
mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es la tarea central
organizativa, especialmente en el sector de los maestros jóvenes que, en las últimas dos décadas, han
sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más difícil de salvar
es la división construida por el senderismo con un movimiento centrífugo
aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de maestros del
sur del país. En el fondo es un movimiento
economicista utilizado por el senderismo para sus fines políticos: ensanchar su
influencia para exigir la liberación de sus líderes, por un lado, y apoderarse
de la dirección del SUTEP, por otro. En su movimiento huelguístico se une el
anarquismo más irresponsable con el economicismo de las masas magisteriales
descontentas que no ven el problema de conjunto. A los fujimoristas y a los apristas les
favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se convierta en
nebulosa para ocultar sus trapacerías.
Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra los "radicales"
que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que buscaban la salvación
del Rey Luis XVI, "ambos polos se juntan", en este caso los
senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
Lima, agosto 11 del 2012
http://vanguardia-intelectual.blogspot
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